El fallo histórico del pasado 27 de mayo
El General Manuel Contreras Sepúlveda mostraba orgulloso, en una entrevista en 2013, su colección de cuchillos traídos desde distintas partes del mundo, pruebas, algunos de ellos, de la valentía demostrada en la juventud, relicarios que guardaban parte de su historia de joven militar que iniciaba una venturosa carrera.
Cuarenta años antes, tras el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, Contreras recibía la instrucción, por parte de Augusto Pinochet Urgarte, de formar la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, con un objetivo claro: terminar con la “amenaza comunista” en el país.
Fue él, Manuel Contreras, quien en octubre de 1975, por órdenes del entonces dictador chileno Augusto Pinochet, quien escribió la siguiente carta invitación, al jefe de las autoridades paraguayas: “Manuel Contreras Sepúlveda, Coronel Director de Inteligencia Nacional, saluda atentamente al Sr. General de División, don Francisco Brites, jefe de la Policía de la República del Paraguay, y tiene el alto honor de invitarlo a una reunión de trabajo de inteligencia nacional que se realizará en Santiago de Chile, entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre de 1975. La reunión tiene carácter de estrictamente secreta, el Coronel Contreras ruega al señor General Brites honrarle con su presencia ya que espera que esta reunión pueda ser la base de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la seguridad nacional de nuestros respectivos países.”1
La misiva era el documento que precedería a la elaboración del acta de nacimiento de la “Operación Cóndor”, la asociación criminal entre dirigentes militares de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, en la década del setenta.
Tras años de silencio por parte de esos dirigentes, el pasado 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal número 1, con sede en Buenos Aires, Argentina, dio por probado que la “Operación Cóndor” o “Plan Cóndor”, fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras de los países participantes, según señala el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, que integra la querella unificada junto con el equipo jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la abogada Alcira Ríos, y que representa, además, a familiares de ciudadanos desparecidos de nacionalidad argentina y uruguaya.
- Archivos del terror en Paraguay.
Esta causa, iniciada en 1999, concluyó el pasado 27 de mayo cuando el mencionado tribunal dictó un veredicto por el cual condenó a una serie de militares, mandos altos y medios, apenas de entre 8 y 25 años de prisión.
“Más allá de que no incluya la totalidad de las víctimas del Plan, sí incluye una gran cantidad de víctimas que ascienden a 105 y analiza por primera vez la figura del plan como una asociación criminal, por eso la trascendencia del fallo, porque no había habido una sentencia similar en ninguno de los países que fue parte de él”, aseguró Luz Palmas Zaldúa, abogada que coordinó el grupo legal encargado del caso.
Asesinar las ideas
La psicoanalista y feminista británica Juliet Michell, al ser cuestionada sobre la masculinización de las mujeres al asumir puestos de autoridad, aseguró que ajenos a nuestro género, los individuos buscamos el poder, y esta dinámica del “poder” funciona de tal manera que siempre hay que “ejercerlo” sobre otros, a quienes, por ende, consideramos “inferiores”.
Ya el cineasta chileno Patricio Guzmán se hacía esta pregunta en su documental de 2015 titulado “El botón de nácar”: ¿habrá pasado lo mismo en otros planetas? La actitud de los más fuertes, ¿habrá sido igual en todas partes?
Guzmán hace un paralelo histórico en el que describe el exterminio de los primeros pobladores de la Patagonia chilena, en cuyos lugares, que solían habitar antes de la conquista española, se construirían campos de detención y tortura, cientos de años después, para los seguidores del gobierno del presidente derrocado por un golpe de estado en 1973, Salvador Allende.
A la historia de la humanidad le sobran ejemplos sobre la ejecución del “poder” sobre las minorías. Hemos vivido con terror las masacres y exterminios por causas religiosas, sectarias, raciales, por preferencias sexuales, y, en el caso particular del Plan Cóndor, por razones ideológicas.
“¿Quiénes son las víctimas del Cóndor? Fueron dirigentes sindicales, más del 50 por ciento; periodistas que hacían investigación, estudiantes, profesores, artistas, dirigentes de la teología de la liberación, religiosos, religiosas, intelectuales; la clase pensante de América Latina se tronchó del 75 al 85”, aseguró Martín Almada, pedagogo y defensor de los derechos humanos a partir de su detención y tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner, uno de los “cóndores” en Paraguay.
Almada, junto con el juez José Agustín Fernández, encontraron, la mañana del 22 de diciembre de 1992, una bodega llena de documentos que prueban la complicidad entre las autoridades de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, para desaparecer, perseguir y torturar a opositores de los regímenes militares impuestos en esa época en el cono sur.
El doctor en Derecho, periodista y profesor paraguayo, Benjamín Fernández Bogado, explicó que sólo hay hipótesis sobre la razón por la que esas toneladas de documentos fueron resguardados justamente ahí, en Paraguay:
“Yo creo que la policía paraguaya no destruyó esos papeles porque creía que la democracia no duraría y que el régimen autoritario volvería y que esos documentos serían importantes para ver quiénes eran los antiguos enemigos de los regímenes autoritarios y quiénes no”.
Entre los miles de documentos que se cuentan en este archivo, considerado por la UNESCO, desde 2009, como patrimonio documental de la humanidad, se incluyen fichas con los datos de detenidos, informes confidenciales, declaraciones indagatorias e informativas, controles a partidos políticos de oposición, a grupos estudiantiles, controles telefónicos, fotografías, etc.
Almada relató que él y su esposa fueron detenidos por separado y que mientras lo torturaban, a su esposa le hacían escuchar, vía telefónica, las sesiones a las que era sometido.
“Yo quería saber dos cosas: primero, cómo murió mi esposa, porque a mí me dijeron que ella se había suicidado, y yo estaba seguro que mi esposa no se iba a suicidar. Segundo: quería saber porqué me torturaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, estas fueron las razones que me motivaron a investigar durante 15 años la Operación Cóndor”.
Fernández Bogado, por su parte, explicó que después de haber realizado un trabajo periodístico para televisión, y tras salir de su país tiempo después, fue detenido por la policía del dictador Alfredo Stroessner, bajo el argumento de que era él el responsable de una manifestación contra el régimen, en Nueva York, cuando él se encontraba en esa ciudad.
“Fui detenido en el aeropuerto, entró el Ejército, después de haber bajado a todos los pasajeros, me sacó por la parte lateral y me llevó a un centro de tortura muy famoso en el Paraguay que se llama El departamento de investigaciones, una especia de Gestapo del régimen de Stroessner, y ahí comenzó una etapa bastante lamentable, con situaciones muy dolorosas y posteriormente bajo una muy fuerte presión internacional y fuerte presión de la iglesia católica me liberaron ocho días después pero me prohibieron hablar, escribir y comunicar cualquier cosa.”
El poder de esta operación traspasó fronteras y confrontó también a las sociedades al interior de las naciones involucradas.
“Yo creo que uno de los temas que no se quiso remover a profundidad fue el hecho de tener qué encontrarse con cosas que uno no querría saber. Que por ejemplo, algún primo o algún tío, era un informante de la policía y él se encargaba de dar a conocer qué es lo que había ocurrido con uno en alguna circunstancia determinada, y que él mismo se había enterado de eso en un acontecimiento familiar, sea este un cumpleaños o una cosa parecida.”, narró el periodista paraguayo.
El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MNL-T), en Uruguay, Montoneros, en Argentina, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, fueron algunas de las agrupaciones fuertemente castigadas por policías y militares encomendados a desaparecer las amenazas potenciales.
El periodista uruguayo y profesor investigador en México, Carlos Fazio, explicó:
“Venían con una perspectiva distinta, una doctrina, identificar un enemigo, el enemigo interno y quien disentía con el proyecto económico que impulsaban o apoyaban los militares era considerado comunista, o sea el término genérico de “comunista” se aplicaba a gente cristiana, a gente de movimiento de liberación nacional, que no tenía nada que ver con el comunismo de Moscú. Y bueno, la operación Cóndor fue la prolongación de algo que las dictaduras ya habían institucionalizado, que era la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias tras judiciales y la desaparición forzada de personas, o sea, estos tres elementos llevaron a que estos regímenes militares fueran tipificados en la organización de las Naciones Unidas como regímenes terroristas de Estado”.
Fazio asegura que militares vestidos de civil tenían plena libertad de actuar en los países que fuera necesario con tal de perseguir a la oposición y tratar de acabar con ella.
El caso de Edy Binstock, uno de los querellantes en el juicio argentino, ilustra la forma en la que la comunicación y cooperación entre los militares surtía efecto, al relatar la desaparición de su entonces esposa Mónica Pinus, de 27 años, en Brasil:
“Nosotros éramos militantes políticos en la Argentina, éramos opositore, en la Argentina había una dictadura que mata y secuestra y hace desaparecer a más de 30 mil personas y había 10 mil presos legales entre estos son secuestrados y de lugares desconocidos, luego asesinados o tirados al mar. Cuando yo estaba en Rio de Janeiro había alquilado un departamento para cuando Mónica llegara para ir a vivir ahí, Mónica me avisó que estaba viajando y nunca llegó. Monica tenía 27 años había sido estudiante de sociología (…) como muchos miles lamentablemente es una detenida desaparecida, no supimos nada, de algunos desaparecidos se han encontrado su cuerpo, enterrados o en fosas comunes, en el caso de Mónica no sabemos nada.”
La confrontación histórica
En una sala de un departamento en la comuna de Providencia, en el centro de Santiago de Chile, Laura intenta explicarle a su madre, Marcela, la razón por la que ha decidido unirse al paro y a la toma convocada por su universidad. Es mayo de 2011, periodo convulso de manifestaciones estudiantiles en Chile y otros países.
Cada año, desde el regreso a la democracia, los estudiantes chilenos aleccionan a las juventudes del mundo; con el estigma de 17 años vertiginosos y décadas más de modificaciones casi imposibles de mover, están dispuestos a jugársela hasta el final.
Sin embargo, la generación a la que pertenecen sus padres tiene en la memoria eventos terribles de represión y de miedo, por lo que el tema de las movilizaciones, de la persecución a opositores, entre otros, es asunto tabú.
Fernández Bogado, recuerda la situación en época de regímenes dictatoriales, y lo que dejó como una de las consecuencias para las sociedades en donde se impusieron:
“Yo creo que uno de los temas que no se quiso remover a profundidad fue el hecho de tener qué encontrarse con cosas que uno no querría saber. Que por ejemplo, algún primo o algún tío, era un informante de la policía y él se encargaba de dar a conocer qué es lo que había ocurrido con uno en alguna circunstancia determinada. Muchos de los problemas que ahora tenemos en democracia (…) provienen de no haber podido crear en el país gente respetuosa de los derechos humanos abierta la disidencia, con una libertad de expresión y de prensa sólidas, que nos permitan creer en la capacidad y expansión del ingenio la creatividad y la innovación.”
Marcela creció en el Chile que daba la bienvenida a la nueva democracia; e intenta hacer reflexionar a su madre, colocando en el actual devenir histórico, la memoria de los años de dictadura:
“Te das cuenta mamá, si yo hubiera vivido en esa época, seguramente me hubieran desaparecido, seguramente nunca hubieras encontrado mi cuerpo y no tendrías una tumba en donde llorarme o recordarme”.
Los jóvenes de hoy no tienen miedo, pero pese al paso de las décadas, lo cierto es que aún no se puede hablar sobre lo que sucedió. Luego de más de 40 años, pocos han sido los castigados por los crímenes cometidos, y muchos siguen desparecidos en campos de detención, en mares, ríos, desiertos, como un rostro anónimo que a la distancia exige justicia.
“A mí me tocó encontrarme con un torturador camino al aeropuerto, yo soy una persona conocida en el Paraguay, fui presentador de informativos de televisión, durante más de 20 años, estoy ligado a los medios desde hace mucho tiempo, escribo libros, y el hombre temeroso, después de haberlo identificado, me dijo: si le hace falta le voy a besar su pie. Temía que yo lo denunciara. Y finalmente el hombre fue denunciado, yo me presté a decir que sí, que había sido torturador, que yo lo he visto torturar, y el hombre me trató de justificar diciendo que no tenía otra forma de vivir, que torturando a la gente. Yo creo que sacó lo más miserable de nosotros, lo peor de nosotros, las maldades más profundas”, relató Bogado.
Sobre el veredicto histórico del pasado 27 de mayo, y el papel que los actuales gobiernos de los países implicados, en este caso, del presidente de Argentina, Mauricio Macri, la abogada Palmas Zaldúa dijo:
“Con respecto a este caso, podríamos decir que el Gobierno de Mauricio Macri ha tenido un primer posicionamiento respecto de los juicios de lesa humanidad en relación a que advirtió que durante su gobierno no iba a haber ninguna interrupción de los juicios de lesa humanidad que se están llevando acá en Argentina, pero tomó algunas medidas que son preocupantes en relación al poder ejecutivo, o sea, las causas judiciales avanzan y siguen produciéndose sentencias en Argentina, y entre ellas la del Plan Cóndor, pero ha tomado decisiones desde el poder ejecutivo en relación programas y a políticas públicas que dan sustento a los juicios de lesa humanidad que preocupan: ha despedido a trabajadores especializados en investigación de archivos de las Fuerzas Armandas, ha cerrado áreas en distintos ministerios que trabajaban sobre la investigación de los delitos cometidos en la dictadura incluyendo aquellos que tenían que ver con la investigación de la complicidad económica en la dictadura, entonces, en este sentido, si bien el discurso a favor de la continuidad del proceso judicial de Memoria, Verdad y Justicia, las decisiones que toma preocupan”.
La justicia, la memoria y la verdad
En el libro publicado por la UNESCO titulado “Operación Cóndor, 40 años después”, el juez español Baltasar Garzón, quien ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, escribió:
“En este mundo al revés, la impunidad borra toda crónica diferente de la oficial; históricamente han existido intentos de eliminar la realidad, desde el olvido inducido, como su no hubieran existido el genocidio, las masacres o las desapariciones forzadas de personas, hasta el olvido ordenado por ley, mediante amnistías, condonaciones de penas o indultos, so pretexto de garantizar la estabilidad política cuando en verdad lo que se buscaba es garantizar la impunidad. Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas en la mayoría de los países del mundo”.
Décadas de impunidad se han acumulado en América Latina. Los cuerpos de miles de desaparecidos continúan en el anonimato. En su memoria, se han erigido museo y levantado organizaciones defensoras de los derechos humanos, que pretenden hacernos recordar que la historia siempre puede repetirse, y que ante esto, la indiferencia no debe tener lugar, ni en nuestros países ni en otros lugares del mundo.
El historiador chileno, Pablo Artaza, concluyó:
“Si nosotros pensamos, el Plan Cóndor no escapa de lo que es una política continental o incluso una política mundial en términos de un contexto de guerra fría en el cual lo que se busca es generar mecanismos cada vez más eficientes, para que el enemigo común en este caso es el comunismo, pero ciertamente, por extensión, la extrema izquierda, debía desaparecer de la faz del planeta. En ese sentido no debiéramos extrañarnos que en función de aplicación de políticas represivas, los niveles de concertación para el mal, pudieran parecernos hoy día, casi propios de una película de ciencia ficción.”